València pide medidas para prevenir la bajada del precio del arroz ante las importaciones de países no comunitarios
El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado hoy una declaración institucional, suscrita por todos los grupos políticos municipales, por la que “insta al gobierno del Estado a que apoye a la petición del Gobierno Italiano ante la Comisión Europea para que se aplique la cláusula de salvaguarda, que permita prevenir la bajada de los precios del arroz”.
En esta declaración se recuerda que València se encuentra muy ligada al cultivo del arroz, “una actividad que reporta un gran número de beneficios no sólo económicos sino también sociales, culturales y medioambientales, como es sabido”, al tiempo que se insiste en que “el cultivo del arroz va íntimamente ligado a la sostenibilidad del parque natural de la Albufera”.
Se afirma que en los últimos años “los precios del arroz y su actividad económica se han visto perjudicadas por las importaciones provenientes de Camboya y Myanmar”, pero aun señalando que “entendemos y apoyamos las ayudas destinadas en los países menos desarrollados, nos vemos obligados a destacar que estas medidas están afectando de una manera notablemente negativa al sector del arroz valenciano”
Ante esa situación, la declaración institucional muestra su apoyo a las peticiones firmadas durante el Segundo Foro del Sector del arroz de la Unión Europea que se celebró el pasado día 23 de enero en Bruselas, donde se pide la aplicación de la cláusula prevista al artículo 22 del Reglamento de la UE Nº 978/2012, que tenía como finalidad última iniciar un proceso de salvaguarda , “y por lo tanto, que se introduzcan los aranceles sobre las importaciones del cultivo del arroz que están generando graves perturbaciones en el mercado agrícola Valenciano”.
Se recuerda que “la República de Italia ya ha pedido a la Comisión la activación de la cláusula de salvaguarda, en defensa de los productores de arroz italiano, motivo por el cual el Estado Español tiene que apoyar a esa petición. Además, creemos necesario el establecimiento de reglas mutuas, tanto entre los estados miembros de la Unión Europea como entre los países de la Unión Europea y los terceros países en materia fitosanitaria, comercial o ambiental, así como la promoción de un mercado justo en cuanto a los derechos sociales y de los trabajadores”.
