El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este miércoles la planta desaladora de Acuamed en Torrevieja, Alicante, la más grande de Europa, donde ha subrayado el firme compromiso del Ejecutivo para garantizar el abastecimiento de agua a todos los españoles y combatir la sequía.
El Gobierno pondrá a disposición agua desalada procedente de Sagunt para paliar la sequía en Catalunya, que será transportada en barco hacia la ciudad de Barcelona. Permitirá disponer de agua desalada de hasta 40.000 m3 diarios a partir del mes de junio, que se determinará según necesidad.
“El agua desalada se ha consolidado como un recurso fundamental que abarca una parte muy importante de la población a la que abastece la Mancomunidad de los Canales del Taibilla” ha señalado Francisca Baraza, quien ha hecho balance del año hidrológico 2022-2023 que finalizó el pasado 30 de septiembre.
La Confederación Hidrográfica del Segura ha culminado el proceso concesional que ha permitido repartir un total de 80 Hm3 anuales de agua, procedentes de la desaladora de Torrevieja, entre las comunidades de regantes de las zonas del trasvase Tajo-Segura.
Estos recursos adicionales incrementarán la garantía de los regantes vinculados al trasvase Tajo-Segura de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, ya que el agua procedente de la IDAM de Torrevieja complementará los recursos que reciben a través del ATS.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, en su visita a la desaladora de Torrevieja, ha defendido la importancia de contar con una política hídrica que sea capaz de garantizar un desarrollo adecuado para el campo valenciano y la industria agroalimentaria de la Comunitat.
El Pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional para exigir al Gobierno que asuma el coste de la puesta en marcha de las desaladoras en la provincia para que no repercuta en el aumento del recibo a los vecinos de los cinco municipios afectados.
La Diputación de Castellón aprobará en el próximo Pleno de septiembre una declaración institucional para exigir al Gobierno que asuma el coste de la puesta en marcha las desaladoras en la provincia para que no repercuta en el aumento del recibo a los vecinos de los cinco municipios afectados.
El próximo pleno de la Diputación de Castellón , que se celebra la semana que viene, planteará que el Gobierno de España asuma el pago de la desaladora de Oropesa para evitar que a partir de marzo la paguen los vecinos de Oropesa, Benicàssim y Cabanes. El equipo de Gobierno ha presentado una moción en vista de que la Unión Europea obliga a que a partir del mes de marzo se pongan en marcha las instalaciones ya que financió la mayor parte de este proyecto impulsado en 2008 por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
La Diputació de València y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), dependiente de la Generalitat, han realizado mejoras urgentes en distintos colectores y depuradoras de las comarcas de La Ribera y la Vall d’Albaida, en el marco del convenio que ambas administraciones tienen suscrito desde 1999 para la mejora y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales en la provincia.
