LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, tras consultar los datos relativos a las inspecciones de trabajo realizadas en la Comunitat Valenciana entre los años 2015 a 2022, señala que el sector agrario se ha comportado mejor que el resto de los sectores, habiendo tenido un menor número de sanciones pese al aumento de inspecciones y, especialmente, de contrataciones.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critica duramente la “ofensiva criminalizadora” que acaba de poner en marcha el Gobierno central, a través de la Inspección de Trabajo, consistente en una campaña de requerimientos de oficio dirigida a los agricultores y operadores del sector citrícola para que tomen, de manera inmediata, medidas obligatorias de prevención, higiene, información, alojamientos y organización de trabajadores establecidas en la legislación relativa al Covid-19.
Gracias a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre junio de 2018 y octubre de 2019, se levantaron en la industria cárnica actas de liquidación por un total de 209,9 millones de euros y se afloraron 23.061 empleos, que hasta el momento eran falsos autónomos. Ante la grave situación de fraude, precariedad y explotación laboral que vivía el sector, meses antes CCOO de Industria lanzó la campaña #CarneSinFraude.
