Las oficinas de gestión de ayudas por la gota fría atienden a 2.100 personas en Alicante y registran 400 solicitudes en sus dos primeros días
Las oficinas de gestión de ayudas para los afectados por la gota fría que afectó a la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 14 de septiembre han atendido, en sus dos primeros días, a 2.100 personas en la provincia de Alicante.
En este servicio puesto en marcha por la Conselleria de Justicia e Interior, además, se han tramitado las primeras 400 solicitudes de ayudas que contemplan un adelanto de 1.500 euros para adquirir bienes y enseres domésticos de primera necesidad en las viviendas afectadas por el temporal.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha informado que "hasta las 11 de la mañana de este martes, el personal de las nueve oficinas que se han puesto en marcha en la provincia de Alicante ha ayudado a cumplimentar las solicitudes de ayuda urgente a 400 personas". Esto se traduce, según Bravo "en que ya se ha tramitado el pago de los primeros 600.000 euros de la partida extraordinaria de 13,5 millones que aprobó el pleno del Consell el viernes pasado en la capital de la Vega Baja".
Gabriela Bravo ha visitado la oficina central de gestión de ayudas que se ha instalado en el PROP de Orihuela, donde, este lunes se han atendido a 1.300 personas, la mayoría de las cuales buscaba asesoramiento e información para solicitar las ayudas, no solo las destinadas para los gastos más urgentes, sino para paliar otro tipo de daños en vehículos, negocios o explotaciones agrarias.
Además de la oficina central de Orihuela, la Conselleria de Justicia e Interior ha habilitado, en la provincia de Alicante, oficinas en Benferri, Dolores, Pilar de la Horadada, Almoradí, Bigastro, Catral y Callosa de Segura. A estas hay que unir el equipo itinerante que recogerá las solicitudes de ayuda que se presenten en los ayuntamientos de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benijófar, Crevillent, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Elche, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, Santa Pola, San Miguel de Salinas y Torrevieja. En total se han desplegado 42 técnicos y técnicas administrativos para facilitar la tramitación de las solicitudes e informar a las personas afectadas de todos los pasos a seguir.
Gabriela Bravo ha explicado que la tramitación "es muy sencilla" ya que solo es necesario presentar un título jurídico que acredite que se ocupaba la vivienda afectada (escrituras, contrato de alquiler o un recibo de luz, agua o gas), cumplimentar la declaración responsable y facilitar un número de cuenta bancaria para que se realice el ingreso del adelanto de 1.500 euros.
"A continuación -ha explicado la consellera- habrá una visita de un perito nombrado por la Generalitat que valorará los daños y elevará un informe para que se abone el resto de la ayuda que puede llegar a ser de hasta 4.500 euros".
Además, Bravo ha asegurado que la estimación inicial de los daños contemplaba la afección de unas 3.000 viviendas para las que se ha previsto una partida de 13.5 millones de euros. No obstante "si fuera necesario se hará una ampliación de crédito porque aquí nadie va a quedarse sin ayuda".
Retirada de 1.450 animales muertos
Bravo también ha detallado que una dotación de 45 bomberos forestales con dos autobombas, 8 profesionales veterinarios y dos camiones de Tragsa y 42 personas voluntarias de Protección Civil con formación especializada en estas situaciones trabajan en los términos municipales de Dolores, Almoradí, San Fulgencio y Daya Vieja achicando agua de los campos inundados. También han retirado un total de 1.450 animales muertos por la riada, en su mayoría pertenecientes a granjas avícolas y otras explotaciones de ganado ovino y porcino.
Además, "se están controlando los niveles de materia orgánica en las balsas para asegurarnos que no hay problemas de salubridad que pudieran provocar enfermedades". La consellera también ha sido informada por el personal técnico sobre los tratamientos insecticidas que se están aplicando a las charcas de agua estancada para evitar la proliferación de larvas de mosquitos.
