LA UNIÓ reclama celeridad a la UE para terminar con la competencia desleal de países terceros y actuar frente a los costes de producción y la sequía
LA UNIÓ de Llauradors, ante los temas que se llevaron al Consejo de ministros de Bruselas celebrado ayer, se muestra satisfecha porque se empiece a considerar la problemática que existe con las importaciones de terceros países, pero pide celeridad para que se pongan en marcha los mecanismos adecuados para que se termine con lo que califica de competencia desleal. Esta es una de las reivindicaciones de la protesta del próximo viernes en València.
LA UNIÓ ya ha denunciado en diversas ocasiones los perjuicios ocasionados por países terceros que introducen sus productos en España sin respetar los estándares que imperan en Europa y ha pedido que se respete el llamado principio de reciprocidad y que se apliquen clausulas espejo Para la organización se trata de exigir a los productos importados ir más allá de que sean inocuos y seguros, que es lo que pretende el Codex Alimentario “sino de requerir idénticos parámetros de responsabilidad ambiental, social y ética”.
Mientras esto no suceda, se compite directamente con producciones europeas y españolas que tienen que afrontar un mayor coste productivo para poder ajustarse a lo marcado por la UE, dejando a los agricultores y ganaderos de la UE en clara desventaja.
“Está bien que en las autoridades europeas se hayan dado por fin de este problema, pero tienen que pisar el acelerador para legislar, porque llevamos sufriéndolo años” comentan desde LA UNIÓ que critica que estos debates se alarguen y no se materialicen en decisiones concretas, mientras que nuevas exigencias, como las relacionadas por ejemplo con la estrategia de la Granja a la Mesa se están traduciendo ya a normas legales: “esta misma semana el Ministerio ya ha puesto en consulta previa dos futuros borradores para reducir el uso de antimicrobianos y el riesgo de fitosanitarios”, señalan, “y mientras en el Consejo discutiendo si son galgos o podencos”.
Asimismo, LA UNIÓ lamenta que el Consejo no haya adoptado ningún acuerdo en relación con la crisis que agricultores y ganaderos atraviesan debido al brutal encarecimiento de los costes de producción, agravada ahora con la sequía en España y otros países del Sur. “Han hecho lo mismo que el mes pasado… constatar la mala situación y nada más”. La organización valora la petición de las delegaciones española y portuguesa de varias medidas sobre el anticipo de ayudas PAC, la flexibilización de ciertas condiciones de cobro y la posibilidad de utilizar fondos del desarrollo rural para instrumentar ayudas. Sin embargo, considera que el Gobierno español debería dar un paso al frente y poner en marcha ayudas a los profesionales del sector mediante el régimen de mínimis “que puede ser usado desde el Gobierno, hasta los ayuntamientos”.
La organización critica también que, en plena sequía, algunas líneas de seguros como el de pastos, no estén dado la respuesta que deben. “Es increíble el seguro no esté identificando sequía indemnizable en zonas en donde no hay pastos para alimentar al ganado por la falta de precipitaciones”, se quejan. La organización espera que la posible reforma de la línea corrija esta anomalía que los ganaderos llevan años sufriendo y que está acabando con este seguro.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “la estrategia europea De la granja a la mesa debería ser para todos en la reciprocidad de uso de productos fitosanitarios y formas de producción. Los países que la acepten como nosotros para entrar sus productos a Europa bien, y los que no pues para atrás. Nos imponen desde la Unión Europea unas formas de producción con los estándares más estrictos a nivel mundial, para mejorar la seguridad de los consumidores y los aspectos ambientales, algo que no nos parece mal pero siempre que fuera igual para todos porque ahora vivimos situación de competencia desleal y con un incremento de costes por el empleo desigual de productos fitosanitarios respecto a los de terceros países”.
