* Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.
El talón de Aquiles del sector agrario es la falta de rentabilidad que sufren los agricultores y ganaderos. Incluso en la actual inflación, el repunte de los precios en origen no ha llegado a cubrir los desorbitados costes de producción. La Ley de la Cadena Alimentaria –reformada en 2021 para acabar con la venta a pérdidas– no se está cumpliendo y es evidente que hay que avanzar más.
La Agencia de Información y Control Alimentarios acaba de publicar las de sanciones firmes en vía administrativa y/o judicial, del último trimestre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 bis de la ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, ha explicado hoy a los más de doscientos agricultores, productores y comercializadores que han asistido a la II Jornada de Cítricos de ASAJA Alicante las oportunidades que tiene la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria Ley 12/2013, sobre todo tras la modificación realizada en diciembre de 2021.
Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante ha detectado posibles irregularidades en los contratos de la campaña de cítricos 2022/2023. En consecuencia, los Servicios Jurídicos de la asociación agraria han enviado un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) denunciando que los contratos que actualmente se están firmando no establecen un precio cierto, sino un “precio periódico”, es decir, diferido, que tiene que ver con la tabla de precios publicada en la prensa escrita durante la semana de corte y recolección de cítricos.
La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ha presentado hoy en la reunión de su Consejo Asesor el informe correspondiente al primer semestre del año 2022, en el que se recoge que ha realizado un total de 354 inspecciones de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena. En este periodo ha recibido 9 denuncias por presuntos incumplimientos y ha impuesto 95 sanciones.
Los precios que perciben los productores de naranjas en esta campaña por parte de las empresas comerciales se situarían en una media de entre 0,09 y 0,14 céntimos de euro por kilo, muy por debajo de los costes de producción que se sitúan en los 0,30 euros/kg, lo que motiva que LA UNIÓ de Llauradors haya enviado un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura- para que investigue si se ha producido un incumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.
La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha asumido como prioridad para 2022 la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario de la Comunitat Valenciana (AICA), un organismo que mejorará el funcionamiento de la cadena alimentaria y aportará mayor transparencia en las operaciones comerciales.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta pública previa del proyecto de real decreto para regular el régimen jurídico, la organización y el funcionamiento del Registro de Contratos Alimentarios, que ha introducido recientemente la modificación de la ley de la cadena.
LA UNIÓ de Llauradors ha reclamado a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que impulse la creación de una Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) autonómica, tal y como existe ya en el ámbito estatal, para dar mayor agilidad y proximidad y permitir un mejor control de los abusos agroalimentarios en nuestro territorio.
LA UNIÓ considera que las sanciones impuestas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria tienen un débil efecto desincentivador teniendo en cuenta que su importe no es elevado y que las de mayor cuantía están pendientes de pago por haberse recurrido.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha puesto en marcha una nueva campaña para intensificar la interposición de denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con el objeto de que este órgano dependiente del Ministerio de Agricultura investigue y, en su caso, sancione prácticas abusivas en aquellos contratos de compraventa de cítricos, sobre todo de naranjas de la variedad mayoritaria Navelina, que estipulan unos precios para el agricultor absolutamente ruinosos que no le permiten cubrir ni de lejos los costes de producción.
LA UNIÓ de Llauradors denuncia que ha detectado en los lineales de algunas cadenas de distribución comercial varias ofertas de promoción de naranjas donde los precios se sitúan supuestamente por debajo del coste del producto a la salida de almacén, lo que conlleva una práctica que distorsiona el mercado y la cadena agroalimentaria al ejercer una presión a la baja para el productor.
La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contará en 2021 con 8,3 millones de euros (un 32 % más) para reforzar sus labores de control del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.
LA UNIÓ de Llauradors ha remitido diversas denuncias a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que inicie los controles e inspecciones requeridos con objeto de comprobar el presunto incumplimiento de algunos contratos de compraventa de cítricos.
El organismo dependiente del Ministerio de Agricultura ya ha comunicado a LA UNIÓ que realizará las comprobaciones oportunas sobre esos posibles incumplimientos a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, ha abierto de nuevo diversos expedientes sancionadores a algunas empresas de la Comunitat Valenciana, tras las denuncias presentadas por LA UNIÓ de Llauradors en la pasada campaña de comercialización del caqui.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) insta a los productores de caqui a no cerrar contratos de compraventa con operadores comerciales a un precio que se sitúe por debajo de los costes de producción.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha impuesto, en el primer semestre del año, un total de 257 sanciones por un valor cercano a 323.000 euros, según el Informe de Actividad Inspectora y de control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) presentado hoy.
La Unió ha alertado hoy a los productores de caqui de la existencia de cláusulas que podrían ser consideradas como abusivas en los contratos de compraventa de este cultivo de esta campaña y avisa que seguirá trasladando sus quejas a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, para que inicie investigaciones al respecto.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha presidido hoy el Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y ha destacado que, desde 2014, se ha convertido en un organismo referente en control “necesario, que vela por los intereses del sector agroalimentario”.
LA UNIÓ de Llauradors critica el recorte en la UE de los presupuestos y recursos dedicados a las inspecciones alimentarias. La reducción en España habría sido del 8,6% entre 2009 y 2017, inferior a la que se habría producido en otros países. Se hace eco así del informe elaborado por la Organización Europea de Consumidores y distribuido a nivel estatal por la OCU en el que se revela cómo se han recortado
