LA UNIÓ, a través de su organización estatal Unión de Uniones, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para hacer cumplir una sentencia sobre el conflicto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por la doble tarifa eléctrica para regadío.
El Tribunal Supremo ha dado la razón al recurso contencioso administrativo presentado en su día contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por la organización estatal de LA UNIÓ, Unión de Uniones, y ahora obliga mediante sentencia firme a poner en marcha al Gobierno el contrato de doble tarifa eléctrica para regadío en seis meses.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) urge al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) a aclarar si el sector podrá beneficiarse de la doble potencia eléctrica: una incertidumbre que amenaza con desangrar a los agricultores y que puede hacer inútil la medida, al anular el ahorro que conlleva abaratar la potencia de la luz en los meses de no riego.
LA UNIÓ Llauradora y el resto de las organizaciones que componen la Unión de Uniones ha presentado en estos días sus conclusiones en el recurso contencioso administrativo que tiene interpuesto contra el MITECO por inacción del Gobierno al no haber puesto en marcha el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío aprobado por Ley en 2020.
Hoy, 20 de septiembre, durante el debate en Pleno de una Proposición de Ley del Grupo Popular, Milagros Marcos, ha pedido que actividades estacionales puedan contratar dos potencias de luz al año, “para bajar costes de producción, asegurar rentabilidad a los productores y aliviar la cesta de la compra”
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critica duramente que el paquete de medidas aprobadas en el real decreto-ley del Gobierno para apoyar al sector agrario frente a la sequía no aplica la posibilidad de contratar la doble tarifa eléctrica de riego al año, una reivindicación histórica de AVA-ASAJA que el Ministerio de Agricultura había publicado en la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria pero que sigue sin poner en marcha a pesar de la grave escalada de costes de producción y la crisis de rentabilidad que atraviesan los agricultores y ganaderos.
ASAJA ha interpuesto queja ante el Defensor del Pueblo por el reiterado incumplimiento de la Ley 24/2013 que en su disposición final quinta bis reconoce que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad.
